El caso de Yulixa Toloza vuelve a encender las alarmas en Colombia
El reciente caso de Yulixa Toloza en Bogotá ha generado conmoción en todo el país y ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema que desde hace años preocupa al sector salud: la realización de procedimientos estéticos invasivos en establecimientos que no cumplen con los requisitos legales ni sanitarios exigidos en Colombia.
Según información divulgada por distintos medios de comunicación, Yulixa ingresó a un centro estético para practicarse una lipólisis láser y posteriormente presentó graves complicaciones de salud, incluyendo dificultad respiratoria, palidez extrema y episodios de desmayo. Las investigaciones señalan que el establecimiento habría operado durante meses sin cumplir las condiciones necesarias para realizar este tipo de procedimientos invasivos.
Este caso no solo refleja una posible negligencia médica. También evidencia los enormes riesgos de acudir a lugares no habilitados y la importancia de fortalecer los procesos de habilitación en salud en Colombia.
La habilitación no es un simple trámite
Muchas personas creen que la habilitación es únicamente un requisito administrativo. Sin embargo, en realidad se trata de un mecanismo diseñado para proteger la vida y la seguridad de los pacientes.
En Colombia, cualquier institución, establecimiento o profesional de la salud que realice cualquier tipo de atención en salud debe cumplir condiciones estrictas relacionadas con:
- Inscripción ante la secretaria de salud distrital o departamental.
- Contar con profesionales y especialistas capacitados según los servicios habilitados.
- Practicar las atenciones y procedimientos permitidos por cada servicio habilitado.
- Cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias.
- Cumplir con los requisitos de todos los estándares de habilitación.
Los centros de estética liderados por personal técnico, como esteticistas o cosmetólogas, no tienen permitido realizar procedimientos mínimamente invasivos y mucho menos procedimientos invasivos, toda vez que estos requieren competencias clínicas, formación profesional en salud y cumplimiento de requisitos normativos específicos relacionados con la seguridad del paciente.
En el marco de su formación técnica, las actividades autorizadas se encuentran orientadas principalmente a procedimientos estéticos no invasivos, enfocados en el cuidado externo de la piel, bienestar y cosmetología básica, sin comprometer la integridad de tejidos, la administración de medicamentos, el uso de dispositivos invasivos o la realización de procedimientos que impliquen riesgo clínico para el usuario.
Los procedimientos mínimamente invasivos e invasivos deben ser realizados exclusivamente por profesionales de la salud legalmente habilitados y entrenados para ello, en instituciones que cuenten con los servicios debidamente habilitados ante la autoridad sanitaria competente y bajo cumplimiento de las condiciones de capacidad técnico-científica, talento humano, infraestructura, dotación y protocolos de seguridad establecidos por la normatividad vigente.
Lo anterior busca proteger la seguridad del paciente, prevenir eventos adversos, complicaciones e intervenciones realizadas por personal no autorizado, garantizando una atención segura, ética y acorde con el marco legal aplicable.
Cuando un centro funciona sin habilitación o evade las inspecciones de las secretarías de salud, los riesgos para los pacientes aumentan de manera considerable.
Un procedimiento “mínimamente invasivo” también puede ser peligroso
La lipólisis láser suele promocionarse como un procedimiento sencillo y de bajo riesgo. Sin embargo, especialistas advierten que puede generar complicaciones graves si no se realiza bajo condiciones clínicas seguras y con personal capacitado.
Problemas respiratorios, infecciones, sangrados, reacciones adversas a medicamentos e incluso emergencias vitales pueden presentarse cuando no existen controles adecuados ni capacidad de respuesta médica.
Por eso, ningún tipo de procedimiento mínimamente invasivo o invasivo debería realizarse en lugares improvisados o sin supervisión sanitaria.
El impacto para los establecimientos que trabajan desde la ilegalidad
Además del riesgo para los pacientes, operar sin estar habilitado puede traer consecuencias legales y económicas muy graves para los prestadores de servicios.
Las autoridades sanitarias pueden ordenar:
- Cierre inmediato del establecimiento
- Sanciones económicas
- Investigaciones administrativas
- Procesos penales
- Pérdida de reputación y confianza
Aunque actualmente existe mayor acceso a la información, muchas personas aún se realizan procedimientos sin verificar si el lugar se encuentra habilitado o si quien lo realiza cuenta realmente con formación y autorización para hacerlo. En numerosos casos, las decisiones se toman basadas en recomendaciones, redes sociales, publicidad o costos bajos, dejando en segundo plano aspectos fundamentales como la seguridad del paciente, la calidad de la atención y el cumplimiento normativo. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la educación y sensibilización de la ciudadanía frente a los riesgos asociados a procedimientos realizados en establecimientos no habilitados o por personal no autorizado.
Resulta fundamental promover una cultura en la que los pacientes exijan siempre atención por parte de profesionales de la salud debidamente entrenados y verifiquen que los procedimientos sean realizados en instituciones habilitadas y bajo condiciones seguras. La seguridad del paciente no debería entenderse únicamente como un requisito normativo, sino como una responsabilidad compartida entre instituciones, autoridades y ciudadanía.
Asimismo, se hace necesario abrir la discusión sobre el alcance de la vigilancia y control ejercido por las autoridades sanitarias, especialmente frente a personas, establecimientos, centros estéticos, empresas e instituciones que operan por fuera de los procesos de habilitación y que, en muchos casos, no hacen parte oficialmente de la red de prestadores de servicios de salud.
El reto no solo está en supervisar a quienes se encuentran habilitados e inscritos formalmente, sino también en fortalecer estrategias de inspección, control y seguimiento sobre aquellos espacios que funcionan al margen de la regulación y donde potencialmente pueden presentarse mayores riesgos para la salud pública y la seguridad de los usuarios.
La habilitación no debería verse únicamente como una obligación administrativa, sino como una herramienta de protección de la vida, reducción de riesgos y fortalecimiento de la calidad en la atención. Detrás de cada requisito técnico, protocolo o estándar, existe un propósito esencial: garantizar condiciones seguras para las personas que depositan su confianza en los servicios de salud.
